La principal lección a extraer de la conformación final de todas las planchas inscritas es que la crisis profunda de los partidos políticos en el Perú no solo no ha amainado sino que se ha agravado.
El triunfo de Fujimori en el 90 fue el punto de partida de la misma, pero transcurridos ya más de veinte años de ello, la cosa ha empeorado de manera preocupante.
En una lista se pelean a muerte la candidata con uno de los dirigentes más poderosos, en otro se acepta una vicepresidenta merced a su aporte monetario, en otro se arma un sancochado, en los que mantienen cierta coherencia institucional queda claro que no estamos ante partidos organizados y dinámicos sino ante reactivaciones electorales; en los demás, o se aprecian alianzas contranatura o estamos ante aventuras unipersonales.
Algunos analistas señalan que el gran error histórico de los partidos democráticos fue no haber construido luego del desplome del fujimorato, pactos sólidos, institucionalizados, con proyección en el tiempo. Se optó porque cada quien vaya con la suya y el resultado de ello lo vemos ahora. Todos han salido perdiendo.
Un partido moderno no está formado solo por políticos. Los cuadros tecnocráticos son parte esencial de dichas colectividades. Pero en el Perú, parafraseando a Luis Bedoya Reyes, los técnicos se alquilan. Sean de izquierda o de derecha, la tecnocracia es casi un delivery presto a sumarse, no solo a cualquier candidatura, sino que luego actúan de la misma forma frente al gobierno de turno.
Hay, respecto de este problema, sinfín de soluciones planteadas. Por ejemplo, el retorno a la bicameralidad, que les permitiría recuperar la presencia nacional que hoy en día han perdido gracias a la regionalización, que ha terminado generando bolsones localistas con juego propio.
El distrito electoral múltiple, la renovación parcial, la eliminación del voto obligatorio, la mayor exigencia de regulaciones democráticas en el seno de los partidos, la eliminación de la reelección indefinida de alcaldes distritales, el control y sanción del transfuguismo, etc., etc., son solo algunas de las muchas reformas institucionales que habría que emprender para salir del desmadre y zafarrancho que hoy vemos desplegarse sin rubor.
Sea cual sea el gobierno que asuma el 28 de julio, es esta una tarea imprescindible si efectivamente se quiere que la prosperidad económica en curso vaya de la mano con cierto grado de evolución política. No es sostenible en el tiempo un país que camina hacia el desarrollo económico con una superestructura política semejante a la que debe haber existido en los albores de la República. Con una economía del siglo XXI y una política del XVIII, no pasará mucho tiempo para que la disfuncionalidad termine estallando y haga trizas el anhelo de modernidad que la ciudadanía anhela.
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